El pleno del Consell Insular decidió ayer desestimar el recurso potestativo de reposición presentado por Juan Lladó Oliver, administrador único de la entidad mercantil Wallis 21 S.L., una de las promotoras de la urbanización de Es Pouet, afectada por la moratoria, y precintada por el Consell Insular por continuar los trabajos.
El rechazo a la petición salió adelante con los votos favorables del Pacte y del Grupo Mixto mientras que la oposición se abstuvo. Así, a pesar de que el empresario insiste en que las disposiciones contempladas en la Norma Territorial Cautelar «violan derechos lícitamente adquiridos y consolidados» ya que cuentan con licencias y autorizaciones, el conseller insular de Urbanisme, Josep Mari Ribas, señaló que la norma cautelar no es recurrible «porque está de acuerdo con el ordenamiento jurídico».
Durante el pleno, el conseller del grupo opositor, Antoni Marí Calbet, reiteró el rechazo de su grupo a la forma en la que se ha aprobado la Norma Territorial Cautelar, asegurando que «ha dejado al Consell en ridículo» y que no dice nada «en favor del prestigio» de la institución. Marí Calbet aseguró que el PP está dispuesto a revisar la normativa como forma de compensar el hecho de que el Pacte no tuviese en cuenta al PP a la hora de redactar el texto inicial.
Por su parte, el conseller insular de Urbanisme manifestó que duda de que la gestión anterior del PP al frente del Consell hubiese contribuido al prestigio de la institución, aunque añadió que valora la oferta de colaboración del PP. Por su parte, el conseller del Grupo Mixto, Joan Buades, que votó a favor de la desestimación del recurso de la promotora de es Pouet, recalcó que considera insuficiente el nivel de protección de la Norma Territorial Cautelar y que la considera una burla a las pretensiones de los pitiusos que piden un freno real a la construcción.