El grupo municipal progresista presentará un recurso contencioso administrativo contra el alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, por el incumplimiento de un acuerdo tomado por el pleno de esta institución. En concreto, y según anunció ayer el portavoz del Pacte, Joan Marí Serra, un juez deberá decidir si el concejal Miquel Costa, o en su caso el equipo de gobierno del Ayuntamiento, tiene que pagar el importe del ordenador portátil que fue robado cuando estaba a su cargo.
Este punto fue aprobado por el pleno de Sant Antoni el pasado mes de julio sin que de momento, se haya realizado el citado ingresos económico. Según explicó el alcalde, ni el equipo de gobierno ni el concejal tiene intención de efectuar el citado pago por considerar «improcedente» el acuerdo tomado por el pleno. En este sentido, el propio Miquel Costa quiso dejar calor que el citado ordenador, «fue robado en el Ayuntamiento y no haciendo un mal uso del aparato. A pesar de estas explicaciones, Joan Marí Serra criticó la actitud del alcalde al que acusó de «no respetar los acuerdos de la institución».
Este fue uno de los puntos tratados durante el pleno celebrado ayer en Sant Antoni donde se dio cuenta del estado actual del proyecto de construcción de la piscina municipal de Can Coix. Al parecer, según informó Antoni Marí Tur, los problemas de la Unión Temporal de Empresas, la UTE que recibió la adjudicación han impedido la firma del contrato cuyo lazo finaliza el próximo 25 de septiembre.
El alcalde de Sant Antoni ya ha anunciado que en caso de que no se formalice el acuerdo, se deberá convocar un pleno para tratar el futuro de la obra. Los trabajos de la piscina costarán 342 e incluyen un proyecto sobre el uso de energías alternativas en esta instalación. Durante el pleno se tomó el acuerdo de redactar un estudio para dotar de vestuarios y servicios al auditorio de Sa Punta des Molí. Además, el Consistorio convocará concursos para adjudicar los trabajos que no realice la brigada de obras.