El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, la directora insular de la Administración del Estado, María Encarnación Sánchez-Jáuregui, y la consellera de Medi Ambient, Fanny Tur, acordaron ayer realizar un esfuerzo de coordinación para actuar contra la fiestas ilegales en espacios protegidos una vez que se detecten e incluso antes de que se celebren. Los representantes de las tres instituciones, que se reunieron ayer en el Consell, coincidieron en que «hay ponerse de acuerdo de tal manera que la lucha contra estas fiestas sea común», tal y como señaló el alcalde Sant Joan al término del encuentro.
Por su parte, Sánchez-Jáuregui explicó que «para lograr estos objetivos se necesita tener muy claro la actuación de cada administración». Así, una vez que se impide la celebración de la fiesta, es «imprescindible» que se agilicen los trámites «hasta conseguir la resolución punitiva». La sociedad en su conjunto «debe saber que no se pueden hacer estas fiestas porque se aplican las penas correspondientes», remarcó la directora insular.
Tanto Sánchez-Jáuregui como Marí Marí destacaron que los perjuicios que causan estas fiestas «son muchos». El alcalde de Sant Joan explicó que este tipo de celebraciones «deterioran la vegetación del entorno y provocan molestias a los vecinos en las noches de verano, ya que el sonido de estas fiestas puede alcanzar los dos o tres kilómetros de radio». Además, causan graves deterioros «en caminos rurales de tres metros o poco más de ancho por los que pueden pasar en una noche cientos de vehículos, soportando más tránsito que el que aguantan durante dos o tres años de servicio para el que fue creado», remarcó Marí Marí.