El equipo de gobierno del Consell Insular sufrió a lo largo de las siete horas que duró el pleno de ayer un duro varapalo. Uno a uno, todos los proyectos presentados por los progresistas fueron quedándose sobre la mesa, fueron rechazados o tuvieron que salir adelante con el voto de calidad de la presidenta. Sólo estuvieron exentos de tensión los puntos del orden del día referidos a sanciones en materia de turismo y transportes (que habitualmente se aprueban por unanimidad) y la modificación puntual del reglamento de la comisión de menores.
Nada más empezar la sesión, el equipo de gobierno vio como los votos de Joan Buades y los populares obligaban a dejar sobre mesa el nuevo reglamento de subvenciones del Consell, que tenía como objetivo sustituir al aprobado por el gobierno del PP. A continuación se quedó también pendiente de aprobación el consorcio para la gestión de servicios públicos de carácter local y, para rematar, la oposición se negó a darle el visto bueno al nuevo coordinador de la Conselleria de Benestar Social i Esports para que pudiera combinar su trabajo en la institución con el de aparejador. Como ya se ha dicho, tampoco se aprobó tal y como venía propuesta la atribución de nuevas competencias y sólo el voto de Pilar Costa permitió al equipo de gobierno aprobar uno de sus buques insignia, la moratoria urbanística.
Buades, que tiene en estos momentos la llave de gobierno de la institución cuando Pacte y PP empatan a votos, le recomendó al gobierno progresista que empiece a trabajar realmente en pro del consenso y que aprenda lo que realmente es negociar para que sus propuestas puedan salir adelante. Las dos mociones que presentó el conseller del grupo mixto (para reclamar una inspección de trabajo fija al Ministerio y para crear pisos para mujeres maltratadas) fueron aprobadas con algunas modificaciones.