El Consell de Govern celebrado ayer aprobó el anteproyecto de la Llei Autonòmica de Comerç, una polémica normativa que entrará en el Parlament el próximo lunes para ser tramitada y que nace con la filosofía, según aseguró el conseller de Presidència, Antoni Garcias, «de proteger al comercio tradicional y a los consumidores».
Con el paso que dio ayer, el Ejecutivo concluye un proceso de redacción y negociación, («hemos querido que la normativa esté consensuada», dijo Sampol), que concluirá después del verano, cuando la ley sea sometida a votación en el Parlament.
Pere Sampol ya se ha asegurado el apoyo de los socios del Pacte aunque son recientes, todavía, los conflictos generados por el calendario de apertura comercial en festivos (que se ha solucionado estableciendo que se negociará cada año) y por la limitación de superficies (el CIM reclamaba esta potestad pero Garcias dejó claro que se trata de una competencia exclusiva del Govern).
Así, el borrador podrá sufrir «cambios mínimos» a través de enmiendas parlamentarias y aún tiene que enfrentarse a un casi seguro recurso que interpondrá ante el Tribunal Constitucional el Ministerio de Economía por considerar que es contraria a lo dictaminado por el decreto liberalizador del Gobierno central.