El Parlament balear admitió ayer a trámite, con los votos de los partidos que sustentan al equipo de gobierno y la abstención del Partido Popular, la toma en consideración de la propuesta de la comisión técnica interinsular de atribuir las competencias de servicios sociales y seguridad social a los consells insulars.
Según establece la exposición de motivos, con este proyecto los consells podrán desplegar, dentro de su territorio y en el ámbito de la planificación autonómica, una ordenación propia más sensible y eficaz en cuanto a las necesidades específicas y una gestión más directa de los servicios sociales. Esto «se traducirá en una mejora de la prestación de los servicios sociales hacia los ciudadanos de las Illes Balears», según aseguró la consellera de Benestar Social, Fernanda Caro.
El PP se abstuvo porque, aunque está de acuerdo con esta ley al aproximar los servicios a los ciudadanos, las cantidades establecidas «son un clarísimo agravio comparativo para las islas menores en favor de Mallorca». Para el diputado popular Antoni Pastor, las primeras materias de esta legislatura que se admiten a trámite para ser traspasadas «cuentan desde su inicio con un déficit presupuestario de 2.000 millones de pesetas, cantidad que deberán asumir los consells», por lo que auguró que bienestar social y seguridad social «serán imposibles de gestionar».
La consellera defendió que «ni mucho menos» existe un déficit para gestionar estas dos materias y recordó que para la redacción de este proyecto se ha celebrado un amplio debate con los consells. También hizo hincapié en que el texto recoge unas cláusulas para, con sus correspondientes partidas, dotar a Eivissa y Formentera y Menorca de nuevas plazas para personas mayores y discapacitadas, así como la firma de convenios que «darán respuesta a futuras necesidades que se puedan producir».