El jefe de Inspección de Trabajo de Balears, Francisco Badenes, confirmó ayer el cierre del expediente sobre el caso del fontanero muerto el pasado pasado 8 de enero, Antonio M. R. de 45 años, casado y con tres hijos en el hotel Don Toni de Eivissa. «La investigación ha terminado -señaló Badenes- y puede imputarse como responsables a las constructoras». Se ha expedido un alta de infracción con una propuesta de sanción por falta muy grave, que supone una multa de 6'2 millones de pesetas. Además, hay indicios de comisión de delito, por lo que el expediente se remitirá a Fiscalía y al Govern.
Inspección de Trabajo propone, por otra parte, que las pensiones de los beneficiarios (viuda e hijos) se vean incrementadas en un 35 por ciento. Este recargo deberán pagarlo los responsables «de su bolsillo», en este caso Jaime Martín Monferrer y, solidariamente, Urbanizaciones y Construcciones Ibicencas S.A; «es decir, la empresa que estaba realizando la reforma y la constructora para la que trabajaba», señaló Badenes .
El inspector de Trabajo explicó que la ley califica esta infracción como «muy grave», pero la propuesta de cantidad de sanción «al no haber ningún tipo de intencionalidad» se pone en el grado mínimo. La cuantía en pesetas (6.250.000 pesetas) es del tramo medio porque la consecuencia del accidente fue el fallecimiento del trabajador. El Inspector entiende que no ha habido mala fe por parte de la empresa, sino negligencia. La cantidad de la multa deberá pagarse, aunque el Estado da la oportunidad a las dos empresas de abonar la cantidad a medias o con el sistema de reparto que prefieran.
Por el momento, la Inspección de Trabajo ha entendido que hubo falta de seguridad, que hay responsabilidades administrativas, puede que penales y que debe efectuarse una mejora de las prestaciones a los beneficiarios. Estas resoluciones se comunicarán a las empresas para que puedan recurrir si lo deciden. El personal del Ministerio ha contado con la colaboración de la Conselleria de Treball en la elaboración del expediente que ha dirigido el inspector de trabajo responsable de Eivissa. Las propuestas de sanción se paralizan hasta que haya una sentencia sobre el caso.