El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, se ha dirigido al alcalde de Formentera, Isidor Torres, para comunicarle oficialmente que su oficina y en el tema de las casetas varadero «no aprecia irregularidad en la actuación de las mismas (en referencia a las administraciones implicadas) que justifique continuar las investigaciones iniciadas». El punto de arranque está en una denuncia efectuada por el GEN en la que se señalaba la existencia de casetas varadero que no se ajustaban ni a la finalidad ni a las características que en teoría debe tener una caseta varadero.
Tras un largo periodo en el que hubo muchas declaraciones aunque pocas gestiones por parte del ayuntamiento de Formentera, formado por el PP y el GUIF, la llegada de la COP al Consistorio provocó un cambio en la situación, tal y como remarca el defensor del Pueblo cuando reconoce que la reunión mantenida en el cine de Formentera el 3 de febrero «en la que participó ese Ayuntamiento de Formentera, la Consejería de Cultura del Consejo Insular y el Jefe de Costas de la demarcación de Baleares, en atención a la petición formulada por usted con fecha 12 de enero».
«En ella se expusieron los estudios realizados, la legislación vigente sobre la materia y las líneas de actuación a seguir -señala Múgica Herzog-, y con fecha 4 de febrero se remitió a esa Alcaldía un modelo de instancia a utilizar por los interesados en solicitar la legalización de las ocupación de las casetas-varadero en los términos previstos en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley de Costas».
Una de las medidas cruciales para que las casetas varadero de Formentera se mantengan en pie, con los pertinentes arreglos en los casos en que ello sea necesario, fue la medida anunciada por la consellera de cultura del Consell Insular, Fanny Tur que en la reunión de febrero avanzó que el Consell las declararía BIC, Bienes de Interés Cultural en su modalidad etnológica.