La administración local actúa de forma fría y calculada, sin miramientos, sin atender a filias o fobias. El ejemplo más claro lo han podido observar esta semana los ibicencos que hayan hojeado el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), que en su número del 27 de febrero reflejaba un curioso desencuentro entre el Pacte Progressista y el Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN). En teoría aliados (a veces no tanto en la práctica), resulta curioso cómo el Consell ha sido incapaz de notificar a los ecologistas el contenido de los informes jurídicos emitidos en relación a las alegaciones presentadas en el procedimiento de aprobación de la Norma Territorial Cautelar, y todo por una simple cuestión: «(..) ya que los servicios de correos lo ha devuelto».
El Consell, pues, ha tenido que recurrir a las páginas del BOIB para que los ecologistas se den por enterados, ya que los carteros no han conseguido dar con el apartado de correos -el número 1.189, que está a nombre del presidente del GEN, Joan Carles Palerm- donde debían entregar la notificación. Igual ha ocurrido con otros cinco vecinos o asociaciones pitiusas, eso sí, ninguno tan cercano al Pacte como el GEN.
Recientemente ocurrió en Sant Antoni un caso tan peculiar como este. El Ayuntamiento tardó nada menos que cuatro meses en notificar al concejal Miquel Costa -integrado en el equipo de Gobierno, del PP- un acuerdo de la Corporación relativo a la sustracción de un ordenador portátil. La notificación se realizó el 21 de noviembre del año 2000, cuatro meses después de tomarse el acuerdo de pleno. Los concejales del Pacte Progresista expresaron durante el pleno en que se debatió este asunto su sorpresa por el hecho de que un concejal del equipo de Gobierno sea tan esquivo.