La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Balears ha desestimado un recurso interpuesto por el Consistorio de Sant Joan en el que se solicitaba la suspensión de la Norma Territorial Cautelar aprobada por el Consell Insular el 27 de octubre de 2000. Una de las razones que esgrime el tribunal para adoptar esta decisión es que «los intereses generales priman sobre el del particular desfavorecido».
En el auto también se recuerda que la disposición recurrida por el Consistorio lo es de una medida cautelar, «por lo que la suspensión jurisdiccional acarrearía la total ineficacia del acto de tal modo que la posterior sentencia definitiva resultaría inútil, sea cual fuere su resultado». Respecto a los perjuicios a los que se aludía en el recurso, la sala de lo Contencioso-Administrativo indica que «siempre serán de carácter económico, por lo que siempre, y en todo caso, serían reparables con las correspondientes indemnizaciones».
El Consistorio de Sant Joan decidió el pasado 22 de diciembre presentar el recurso contra la moratoria, al entender que supone una «invasión de las competencias municipales». Esta decisión fue aprobada en pleno con el apoyo de los dos concejales del Pacte Progressista, Antoni Marí Marí y Joan Mayans, y de la concejala del grupo mixto, Teresa Elías. Los votos a favor de Marí y de Mayans fueron dados «siempre y cuando» el recurso se basase en el argumento de la hipotética invasión de competencias municipales.
A juicio del equipo de gobierno de Sant Joan, la Norma Territorial Cautelar incluye unas «variantes» de la Llei d'Espais Naturals que entran en confrontación con las competencias del Consistorio.