El conseller de Treball, Eberhard Grosske, visitó ayer Eivissa acompañado por Carmen Font, directora del Institut de Salut Laboral, para presentar al que será el primer técnico de salud laboral -figura que depende del Govern- que trabajará de forma permanente y estable en las Pitiüses, Màrius Martí. Grosske admitió que el compromiso de establecer esta figura se ha visto retardado «por problemas de contratación e incorporación de esta figura en el catálogo de puestos». Martí se incorpora el próximo lunes a su cargo, que queda establecido en la sede de Treball en el Blanca Dona.
El nuevo técnico trabajara en conjunto con Inspección de Trabajo que, a partir de mayo, incrementará hasta 120 el número de visitas anuales a Eivissa. A pesar de este aumento, Grosske cree que «lo razonable sería tener una oficina fija». Los mayores controles de la nueva figura permanente serán en construcción, un sector que cae en numerosos incumplimientos de la normativa «porque lo importante es acabar rápido», señaló el conseller. Admitiendo el escaso cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluso «por parte de las instituciones públicas», Grosske rechazó «el abuso del error humano como causa de los accidentes cuando muchas veces estos despistes se ven propiciados por la escasez de medios de prevención o un ritmo de trabajo frenético». El acuerdo entre el Govern y la Inspección de Trabajo para trabajar juntos ha dado los primeros resultados en Mallorca, donde se ha multiplicado por cuatro el ritmo de paralización de las obras «ilegales». Grosske espera llegar a este ritmo en las Pitiüses.
El conseller de Treball no dudó en señalar que «si el panorama del Estado español es malo, el de Balears es peor, y el de las Illes Pitiüses es especialmente malo dentro del conjunto». Grosske cree que Eivissa y Formentera están «en unos parámetros intolerables». La colaboración entre todos los agentes implicados «para mejorar la situación» es «imprescindible». Aunque el conseller matiza que hay «unos culpables primeros de la siniestralidad, que son los que incumplen la normativa» existen «muchos más responsables». Entre ellos citó a la Administración del Estado, que regula la normativa general, a la Conselleria de Treball, a los empresarios en general y a los sindicatos. «Los ayuntamientos también tienen que ver porque el construir sin licencias y sin proyectos incide en la alta siniestralidad» , señaló el conseller.