El diputado del Partido Popular, Pere Palau, aseguró ayer que la ecotasa «es un impuesto negativo, injusto, y resta competitividad». A su juicio, «no es aceptable que Balears sea la única comunidad española que tiene un impuesto para aplicarlo a los turistas que vayan a pasar sus vacaciones». Palau auguró una recesión del sector turístico y una bajada de calidad, «si hay más gasto, habrá menos calidad». señaló. El PP vaticina que la aprobación del impuesto turístico supondrá «una penalización del turismo de más calidad». Palau se refiere, en este sentido, a que la ley contempla que los hoteles de más categoría, de cinco estrellas, se abonen dos euros en vez de uno. «Estos hoteles están gravados con un IVA superior a los otros», precisó.
Palau considera que no se trata de «un cambio de modelo turístico, sino se intenta ordeñar al sector turístico para conseguir un mayor número de ingresos». Además, expresó sus dudas acerca de «la finalidad de estos ingresos, ya que la ley dice que para temas turísticos o ambientales, pero no es un impuesto finalista». De este modo, opina que el dinero recaudado puede destinarse «a los capítulos de asesores, personal y de estudios». El diputado del PP aclaró que su partido «no está en contra de que se haga una inversión importante en materia de infraestructuras, pero que no vaya en cargo a un nuevo impuesto». Palau aludió en concreto al proceso de financiación que esta negociando el Estado con la Administración central.
Palau añadió, además, que la puesta en marcha del impuesto turístico, dentro de seis meses, coincidirá con la próxima temporada de invierno: «Es una mala inauguración de un impuesto en temporada de invierno cuando tanto cuesta traer a los turistas. Está mal pensado y deberían de recapacitar».
Tras la aprobación de la ley, el portavoz adjunto del Partido Popular, Joan Flaquer, recordó que el presidente del Govern, Francesc Antich, aseguró en su investidura que aprobaría esta ley con el consenso del sector y le reprochó que, como le ha ocurrido en sus relaciones con otros grupos económicos, no haya logrado un acuerdo con los empresarios. Flaquer solicitó al Govern que retirase el proyecto y que aceptase el apoyo de la oposición para negociar con el Gobierno un sistema de financiación «más justo» para el archipiélago.