Esta semana se ha cumplido un año desde que las navieras Umafisa-Trasmapi y Baleària se unieron para explotar conjuntamente las líneas marítimas entre Eivissa, Formentera y Denia. El servicio comenzó a funcionar el 1 de mayo de 2000, abriendo una agria polémica con los empresarios y usuarios de estas líneas, que acusaban al consorcio de haber establecido un monopolio implícito y atentar contra uno de los principios básicos de los servicos de este tipo: garantizar la competencia.
Antes de la puesta en marcha del servicio conjunto, los empresarios aseguraban que se lanzaban más ofertas y las tarifas sufrían fluctuaciones para intentar atraer a los clientes a una u otra línea. Al unirse en esta explotación conjunta de bienes, acusaron a las navieras de sentar las bases para establecer los precios a su antojo y obligar a los empresarios a asumirlos, ya que no había otra alternativa para un servicio del que no podían prescindir.
Las empresas de transporte marítimo implicadas en ningún momento han reconocido estas acusaciones. Es más, han enviado varios comunicados y han señalado públicamente en más de una ocasión que rechazan de plano las acusaciones de monopolio que han recibido desde varios sectores de manera directa o mediante insinuaciones.
Las navieras consideran que «la actitud discriminatoria e inquisidora hacia las empresas que sostienen el transporte marítimo entre las Pitiüses, con nula disposición al diálogo y al entendimiento, en nada contribuye al desarrollo sostenible deseable para la comunidad, ofreciendo la Administración una imagen de intransigencia que nada dice a su favor».