La delegada del Gobierno, Catalina Cirer, ha remitido un escrito al Consistorio de Eivissa en el que se le requiere que en el plazo de un mes anule el acuerdo por el que se aprobó la relación de Puestos de Trabajo y diversos artículos del Pacto de Funcionarios y del Convenio del Personal Laboral «por ser contrarios a Derecho». Los concejales del grupo popular consideran que en este asunto el equipo de Gobierno ha «engañado» a los trabajadores laborales: «Querían quedar bien, aunque sabían que no era aplicable lo que estaban aprobando», indicó el edil José Luis de la Osa.
Desde el PP de Eivissa se preguntan ahora quién se hará cargo de los 14 millones de pesetas que costaron el Convenio Colectivo y la Relación de Puestos de Trabajo, elaborados por una empresa privada. La concejala Pepita Costa recalcó que cuando gobernaba Enrique Fajarnés, el coste del convenio colectivo fue de millón y medio: «Cuando el dinero no es de uno es fácil derrocharlo». Además, Costa recordó que el grupo popular ya advirtió durante el pleno en que se trató ese asunto, a mediados de enero, que las propuestas no se ajustaban a derecho.
Costa reclamó que el equipo de Gobierno progresista dé cuenta de la situación a los trabajadores: «Está mal que no nos lo digan a la oposición, pero peor es que a los empleados no les hayan comunicado nada hasta el momento». Entre los ajustes que deberá hacer el Consistorio figura el del incremento retributivo acordado, que «carece de justificación, máxime cuando la valoración aprobada comprende a un colectivo tan numeroso», se indica en el documento remitido desde la Delegación del Gobierno.
También se indica que el artículo que establece que en caso de baja por incapacidad laboral el Consistorio complementará el 100 por cien de las retribuciones del funcionario «es contrario» a un Real Decreto que prohíbe a las corporaciones locales conceder aportaciones, subvenciones o ayudas de cualquier género para fines de previsión de sus funcionarios.