Los concejales del Ayuntamiento de Eivissa, Santiago Pizarro, Pedro Campillo, y Joan Boned comparecieron ayer para asegurar que el escrito enviado por la delegada del Gobierno para que se anule -en un mes- la relación de puestos de trabajo y diversos artículos del pacto de funcionarios y del convenio del personal laboral «no obliga, sólo insta a anularlos por una serie de irregularidades que creen que se han cometido».
El equipo de gobierno anunció que no va «a anular nada». Además, anunció que los servicios jurídicos del Consistorio «están estudiando la presentación de alegaciones», cuyo plazo expira el 21 de julio. Contra la afirmación de que la relación de puestos de trabajo es ilegal, Pizarro argumentó que el equipo de gobierno «ha hecho un catálogo, pendiente desde 1984», y que, como consecuencia de esta relación «aparecen consideraciones que antes no se tenían en cuenta como nocturnidad o festividad», que tienen una valoración que «en algunos casos ha supuesto un incremento retributivo, no en todos».
En lo que respecta la ilegalidad de ciertos derechos sociales de funcionarios y personal, el equipo de gobierno asegura que el nuevo convenio «no ha tocado ni una sola de las prestaciones sociales que ya se contemplaban con el gobierno anterior». El acceso a instalaciones municipales sin pagar o la gratuidad de una cantidad de agua «viene de hace años» remarcaron. Pizarro señaló que «hay un claro componente político» en el hecho de que la Delegación del Gobierno «mande ahora esta instancia» y no en 1998 -cuando gobernaba el PP- a pesar de que el convenio de entonces era igual en el tema de derechos.