El grupo popular del Consell Insular pidió ayer a la presidenta Pilar Costa que «en un acto de responsabilidad se vaya a su casa y deje que gobiernen otras personas de su partido» en vista de que ella ha demostrado en el conflicto de las basuras «su incapacidad» para dirigir la institución. Los consellers Antoni Marí Calbet, Pere Palau y Joan Marí Tur, en nombre de todo el grupo, reconocieron estar atónitos ante la advertencia enviada por Costa a los ayuntamientos en la que les advierte de la ilegalidad que puede suponer que tomaran medidas para que se recogiera la basura y que los particulares la llevaran por su propia cuenta al vertedero. «Menos mal que cada institución supo estar donde tenía que estar», manifestó Palau, que no entiende cómo la presidenta pudo mantener una postura tan «radical y reaccionaria».
El PP se preguntó qué intereses defendía Pilar Costa al suscribir esas advertencias y manifestó que, a buen seguro, no se trata de los intereses generales de los ciudadanos de las Pitiüses. Además de estar mal asesorada, la oposición tiende a pensar que la presidenta defendía «intereses oscuros». «Por el bien de los ciudadanos, lo mejor que puede hacer es irse a su casa. No digo que tengamos que gobernar nosotros, pero que deje a otras personas de su grupo», pidió Palau. El político popular aseguró que su formación está «asustada» en vista de que la presidenta del Consell ha puesto en práctica una manera de actuar «que parece encaminada a que las cosas vayan cada vez peor».
La oposición cree que Pilar Costa no está precisamente brillando por su actitud mediadora en las huelgas que están afectando a las Pitiüses este verano. Los populares la acusaron de esconderse durante el conflicto del transporte discrecional y de irse incluso más lejos, a Canadá, para no intervenir en el de las basuras. «Mejor hubiera sido que se hubiera quedado allí», comentó Palau, que dijo que como miembro del Consell Insular sentía «vergüenza» por la postura que había adoptado la presidenta. Por contra, Palau elogió a los ayuntamientos afectados y a la Dirección Insular de la Administración del Estado por haber tomado medidas urgentes para evitar que el conflicto fuera más grave.