La moratoria en suelo urbano y urbanizable decretada el viernes 13 de julio por el Ayuntamiento de Eivissa provocó una avalancha de solicitudes de licencias de construcción en el Consistorio de Sant Antoni, ante el temor de que prosperara la moción en similares términos presentada por el Pacte Progressista de la localidad o que el Consell decidiera actuar en aquellos municipios donde gobierna el Partido Popular. Si habitualmente cada comisión de gobierno trata unas cuatro peticiones de licencias, como media, en las dos últimas ese número se elevó hasta la veintena en cada una de ellas, según informaron los concejales de Democràcia Pitiusa (DP) durante el pleno ordinario que se celebró ayer en Sant Antoni.
Los ediles de DP facilitaron esa información tras anunciar, como ya habían comunicado a este periódico hace una semana, que no votarían contra la moción presentada por el Pacte, ya que entienden que el ordenamiento urbanístico de Sant Antoni ya es suficientemente restrictivo. A juicio de ambos ediles, la avalancha de solicitudes es resultado de la psicosis desatada tras la aprobación de la congelación urbanística en Vila.
En idénticos términos se expresaron los concejales del PP, del equipo de Gobierno. La edil de Urbanismo, Blanca Castiella, insistió en que «no existe presión urbanística» sobre la localidad: «Los datos del padrón que acabamos de aprobar lo demuestran», subrayó. Según el padrón, la población de Sant Antoni ha crecido en el último año en 382 personas, de manera que se ha pasado de los 15.755 habitantes de 2000 a los 16.137 actuales. Si esa progresión se mantuviera constante, los 45.000 habitantes que prevé el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo se alcanzarían dentro de 40 años, según explicó Castiella.
El pleno aprobó ayer una modificación de crédito de tres millones de pesetas para hacer frente a la expropiación forzosa de una parcela de 750 metros cuadrados necesaria para que se comuniquen y se abran al tráfico las calles Camèlies y Estepa, en ses Païsses. La oposición criticó que hasta ahora no se haya iniciado el expediente de expropiación de la finca y que se haya acudido sin él al pleno para solicitar esa modificación de crédito. Si el propietario sigue sin aceptar el trato propuesto por el Ayuntamiento, éste podría afrontar la primera expropiación forzosa de su historia.