Representantes del movimiento cívico que aglutina a ocho asociaciones de Sant Antoni se reunieron ayer con el alcalde, Antoni Marí Tur, y con los concejales de Gobernación y Medio Ambiente, José Juan Ferrer y José Ramon Serra, para expresarles la necesidad acuciante de que se dé un giro a la situación de inseguridad y caos que padece la población durante el verano, que ha puesto en pie de guerra a los vecinos y comerciantes.
Al término del encuentro, que duró dos horas y se celebró en el Consistorio, los miembros de las asociaciones decidieron no dar su parecer hasta el próximo sábado, mientras que el alcalde reiteró la opinión ofrecida el sábado pasado: la solución a los problemas de Sant Antoni pasa por un incremento de la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, si bien admite que es difícil que la localidad vuelva a contar con efectivos de este último cuerpo. Marí también reconoció su culpa por no haber hecho respetar las ordenanzas municipales, aunque advirtió de que «es difícil aplicarlas estrictamente». Una aplicación al pie de la letra «crearía dificultades excesivas», señaló.
El alcalde también considera que «la convivencia sería mejor si todos los negocios cerraran antes», en referencia a las discotecas y locales nocturnos, que entorpecen el tráfico, generan ruidos molestos, impiden limpiar correctamente las calles y crean la sensación de una ciudad sin ley. En este sentido, Marí tiró balones fuera y recomendó al Govern que impida, mediante regulación por ley, que las bodegas abran durante toda la noche. A finales de mes, alcalde, vecinos y comerciantes volverán a reunirse para concretar medidas eficaces y para comprobar si el Ayuntamiento ha comenzado a tomar cartas en el asunto.