El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària reconoce que actualmente pueden existir dudas sobre la legalidad del que ha sido durante más de diez años su principal instrumento urbanístico, pero considera que todas sus actuaciones están ajustadas a Derecho y no tiene intención alguna de revisar licencias.
El Consistorio se siente presionado por los mensajes y advertencias que le han llegado a través de los medios de comunicación procedentes de Esquerra Unida o el Consell Insular. Así lo reconocieron ayer el alcalde, Vicent Guasch, y el teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Vicent Riera, quienes explicaron que en este clima «es muy difícil trabajar». Aunque ambos se mostraron confiados en la legalidad de todas las actuaciones urbanísticas, sí anunciaron que se solicitará un dictamen a algún gabinete de expertos para «que hagan un diagnóstico de la situación urbanística actual del municipio». Y se mostraron convencidos de que este dictamen no hará más que corroborar su versión.
El equipo de gobierno de esta institución, en manos del Partido Popular, está muy molesto por el hecho de que se esté hablando del Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) como si hubiera sido declarado nulo de pleno derecho por los tribunales. Torres reconoció que una sentencia así lo dice en sus fundamentos de derecho, pero destacó que el objetivo de dicho fallo judicial no era determinar la legalidad del PDSU sino analizar un caso concreto. El PP defiende que esta normativa es mucho más restrictiva que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que gracias a su aplicación se ha conseguido restringir de cierta manera el crecimiento del municipio. Y, además, puntualiza que ya no se dan licencias en función de lo que dice el PDSU, sino siguiendo los criterios de otras normativas.