El diputado Miquel Ramon, en nombre de Esquerra Unida (IU), presentó ayer ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Balears la denuncia penal contra el alcalde de Santa Eulària, el resto de los miembros del equipo de gobierno, el aparejador y el secretario de la Corporación por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
La denuncia explica cómo el pasado 3 de agosto de 2000 el pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto de urbanización de la zona de ses Torres cuando dichos terrenos están calificados como suelo no urbanizable (rústico) por el vigente Plan General de Ordenación Urbana. IU argumenta que el equipo de gobierno, asesorado por sus técnicos, tomó «a sabiendas de su injusticia» una decisión que era manifiestamente ilegal. Esta acción, dice la denuncia, «solo puede obedecer a una decisión arbitraria, contraria a la razón y a la Ley, dictada por capricho, ausente de todo fundamento y que de forma patente y clamorosa infringe el ordenamiento urbanístico, constituyendo un ataque frontal a los intereses generales de preservación del territorio». El siguiente párrafo califica la actuación de los responsables municipales de «evidente, flagrante, e incluso grosera y esperpéntica transgresión de las normas urbanísticas».
La coalición de izquierdas es consciente de que no todos los días se interpone una denuncia penal por un supuesto delito ecológico. Su objetivo es que la Fiscalía abra diligencias a la vista de lo establecido en el artículo 320 del nuevo Código Penal y solicita que, además de admitirse a trámite la denuncia, se pida al juez instructor que tome medidas cautelares ante la rapidez con la que avanzan las obras de la urbanización. De hecho, IU se ha decidido por esta vía a la vista de lo lentos que suelen ser los procedimientos administrativos.