El alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, admitió ayer que ha decidido actuar con suma «cautela» a la hora de otorgar licencias de construcción. La justificación a esa insólita medida: el temor a las consecuencias legales que pueda tener la aplicación del Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU), un instrumento urbanístico creado en 1988 y que este año ha sido declarado nulo por los tribunales después de que los progresistas lo denunciaran. «Cualquiera hace ahora algo -dijo ayer el alcalde-, después de que han denunciado todas las licencias y el PDSU y me han amenazado con que me van a meter en la cárcel. Con todo lo que ha llovido, cualquiera hace algo».
La «cautela» del Consistorio se mantendrá hasta que el equipo de Gobierno tenga en sus manos el informe jurídico que encargó para conocer si el PDSU se puede aplicar o, por el contrario y tal como advierten desde la oposición, debe descartarse por ser ilegal. Vicent Guasch aseguró ayer que aún no dispone del informe. Al parecer, las dudas sobre su aplicación han aumentado después de que los encargados de su redacción solicitaran una ampliación de la información que se les había facilitado.
Esa paralización en la concesión de licencias de obras se ha visto ya reflejada en los presupuestos para 2002, donde se prevé un descenso del 31'6 por ciento de los ingresos por ese capítulo, aun cuando el interventor admite que si se aprobasen todos los expedientes en curso (y que ya cuentan con el visto bueno de los técnicos), se podrían triplicar. El temor a las repercusiones legales está provocando que numerosos expedientes estén siendo aparcados momentáneamente, según explicó el miércoles a este periódico el portavoz progresista Carlos Salinas. Incluso algunos promotores se han puesto en contacto con los concejales del Pacte para hacerles llegar su inquietud por la situación que se vive en ese municipio, ya que cada proyecto se mira con lupa y sólo se están aprobando los que cuentan con el visto bueno de la Comisión Insular de Urbanismo.