Los grupos progresista, popular y mixto del Consell Insular aprobaron anteayer por unanimidad el reglamento de organización y funcionamiento del Defensor de los Ciudadanos de Eivissa y Formentera. Se trata de una iniciativa pionera en Balears, pues hasta ahora ningún consell había arbitrado la creación de esta figura.
La iniciativa nació con una moción presentada por el ecologista Joan Buades en noviembre de 2000. Desde entonces, el progresista Vicent Tur, la popular Neus Marí y el propio Buades han trabajado en la redacción del reglamento, que ha sido consensuado en su totalidad. Según consta en el artículo primero, el Defensor del Ciudadano «podrá supervisar la actividad del Consell así como de cualquier ayuntamiento y otras entidades locales asociativas que gestionen servicios de carácter público que mediante un convenio asuman la figura».
Para que el nombramiento del defensor salga adelante, los grupos políticos tendrán que seguir consensuando las decisiones, pues el reglamento también establece que será el pleno quien ratifique su elección con dos tercios del número total de miembros de la Corporación. A partir de entonces podrá permanecer cuatro años en el cargo.
La sede estará en el propio Consell, donde se establecerá una oficina que deberá estar dotada con personal técnico, jurídico y administrativo. El defensor «no estará sujeto a ningún mandato imperativo, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y ejercerá sus funciones con autonomía y según su criterio». Todas sus actuaciones serán gratuitas para el ciudadano, que podrá plantear reclamaciones o solicitudes de intervención tanto verbalmente como por escrito. Los trámites que se deriven de cada queja deberán ser comunicados a la persona que la ha interpuesto. Anualmente, el defensor elaborará un informe en el que expondrá la gestión realizada.