El grupo progresista de Sant Josep acusó el pasado lunes al equipo de Gobierno de actuar en «connivencia» con la promotora de las viviendas de Cala Vedella cuyas obras provocaron el pasado 10 de diciembre un desprendimiento de tierra que arrasó una casa y causó desperfectos en otras dos. Durante el pleno extraordinario celebrado para tratar de forma monográfica ese suceso, el concejal de Urbanismo, José Marí Ribas, Reganes, aseguró que la licencia de obras se concedió correctamente y que se han tomado las medidas de seguridad oportunas para evitar más desgracias. También culpó a la empresa de haber iniciado los trabajos antes de presentar el proyecto de ejecución.
Tras analizar el expediente de esa obra, los progresistas detectaron diversas irregularidades. Por ejemplo, que se otorgó la licencia en un lugar afectado por la moratoria atendiendo a que había una porción de terreno ya urbanizada. Pero, paradójicamente, el Ayuntamiento exigió a la empresa un aval de seis millones de pesetas para que urbanizara esos terrenos.
Tampoco consideran suficientemente acreditada la representación de la promotora ni del titular de los terrenos ni del constructor, algo indispensable a la hora de exigir responsabilidades. Además, el concejal progresista advirtió de que la urbanización está ubicada en medio de un torrente, por lo que puso en duda la legalidad de las obras y solicitó la elaboración de un informe especial para comprobar que no existe peligro.
También les pareció extraño a los progresistas que el 10 por ciento de suelo público que debería ceder la empresa coincida con la superficie de la carretera de acceso a la playa. El concejal de Urbanismo comunicó que ha encargado a la empresa H2O un estudio de seguridad sobre la zona, que será entregado esta semana. El pleno rechazó la propuesta del Pacte de reprobar al titular de Urbanismo.