El fiscal jefe de Balears, Antonio de Vicente Tutor, obtuvo anoche el respaldo unánime de los 40 representantes del Ministerio Público de Mallorca, Eivissa y Menorca para solicitar en su escrito de conclusiones del «caso Formentera» que la causa se siga instruyendo en el Tribunal Supremo. Ese era el criterio de Tutor el pasado verano, y es el que sigue manteniendo, pese a que no lo quiso hacer público ayer ante los medios de comunicación alegando que «debía esperar» la decisión del Supremo sobre la querella criminal contra el ministro de Medio Ambiente y ex president del Govern, Jaume Matas, la diputada Rosa Estaràs y otras doce personas.
La junta de fiscales fue histórica, ya que por primera vez todos sus representantes se reunieron para abordar un tema monográfico, la supuesta trama organizada, al parecer, por el PP para incrementar de forma artificial el censo electoral de esa isla y ganar las elecciones autonómicas de 1999. Si, en principio, el criterio de Tutor no ha sufrido variación en las últimas semanas, éste se opondría de forma drástica y contundente con el expresado por el fiscal del Tribunal Supremo José María Luzón, que elaboró un escrito contrario a la admisión a trámite de la querella criminal presentada por el PSIB-PSOE y EU.
«Entregué un dossier a cada uno de los fiscales sobre el caso Formentera para que tuvieran una visión global de la causa; dí todas las explicaciones posibles y aclaré todas las dudas para que pudieran pronunciarse, como así fue, apoyando mi criterio sobre el caso», dijo Tutor.
Añadió que no podía adelantar el contenido del escrito que redactará próximamente debido a que «la querella criminal no la presenté yo, y pueden haber unos cambios de criterio», indicó. El «caso Formentera» se instruye en la Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia, a la espera de la decisión que debe adoptar la Sala Segunda del Supremo sobre si admite a trámite, o no, la querella criminal. Los partidos del Pacte de Progrés acusan a la cúpula del PP en Baleares, encabezada por Matas, de la supuesta comisión de cuatro delitos en el «caso Formentera», falsedad, delito electoral, malversación de fondos públicos y asociación ilícita.