El caso de la urbanización de Can Castelló y el Canal de sa Bassa Roja (en Santa Eulària, cerca del golf de Roca Llisa) parece no haber terminado con el precinto de las obras por parte del Consistorio tras la denuncia efectuada por el Pacte. Los progresistas han detectado ahora una nueva irregularidad: quienes solicitaron las licencias de obra menor utilizaron números de placa que o no existen en el catastro o pertenecen a las viviendas de otros particulares.
Los concejales del Pacte han llegado a esta conclusión tras estudiar el informe de la Policía Local y los expedientes urbanísticos. En cinco de los casos la licencia de obra menor fue solicitada con un número de placa que no figura en el catastro de Santa Eulària, por lo que, en teoría, esa vivienda no existe y, consecuentemente, no se pueden efectuar en ella reformas de su interior, objeto de ese tipo de licencias. Cuando el portavoz progresista, Carlos Salinas, preguntó al respecto en el Ayuntamiento la repuesta fue que esos números estaban en «trámite de solicitud». De las nueve obras precintadas, la Policía no sabe quién es el responsable de dos de ellas.
Las placas son una garantía de que la vivienda para la que se solicita la licencia de obra menor existe desde hace tiempo. Es ahí donde surgen las sospechas de los progresistas, que precisamente denunciaron esa urbanización porque los trabajos que se desarrollaban en ella tenían más que ver con la construcción de nuevas edificaciones que con la reposición de ventanas o de suelos, trabajos más propios de las licencias de obra menor.
Otra licencia fue solicitada con el número de una casa que dista 250 metros de donde se llevan a cabo los trabajos. El propietario, según explicó Salinas, es un extranjero difícil de localizar durante el invierno. Los progresistas temen que se han utilizado placas inexistentes o de viviendas de los alrededores para solicitar licencias de obra menor con las que se encubren nuevas construcciones.
Una casa nueva al precio de cambiar una
puerta
El Ayuntamiento de Santa Eulària precintó las obras de Can Castelló
al comprobar que las obras que allí se desarrollaban nada tenían
que ver con las licencias de obra menor solicitadas. Al precio de
cambiar una ventana o renovar el suelo se estaban alzando nueve
flamantes viviendas. Los expedientes de esas paralizaciones pueden
concluir en la demolición de las casas, pero si se llegan a
confirmar los temores de los progresistas este asunto podría acabar
en los tribunales y poner de relieve un método insólito para
urbanizar a bajo precio y a espaldas de la ley 25.000 metros
cuadrados de suelo rústico (el mínimo necesario para una sola
vivienda es de 15.000 metros cuadrados). De las nueve licencias
dadas en esa zona, al menos siete fueron concedidas a un solo
constructor.