El Govern aplicará el impuesto sobre las estancias en empresas turísticas (ecotasa) en el plazo máximo de un mes y medio, antes de Semana Santa, al levantar el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar, circunstancia que fue valorada ayer por el president del Govern, Francesc Antich, de «satisfacción moderada, porque todavía falta la sentencia definitiva, pero el hecho de que el Constitucional haya desestimado todos los argumentos del abogado del Estado es más que significativo, dado que ha prevalecido el interés público y se señala que no afecta al IVA ni al IAE de las empresas turísticas ni a una potencial disminución de los turistas».
Francesc Antich, acompañado de los consellers d'Hisenda, Joan Mesquida, y de Turisme, Celestí Alomar, quiso ser cauto sobre esta victoria política ante el Gobierno que preside José María Aznar, que fue el que instó el recurso, y el PP de Balears, «pero el auto demuestra que teníamos razón y pone en entredicho los argumentos débiles presentados por el PP».
En cuanto a sus efectos, dijo que «es una buena noticia para el Govern y también para los ciudadanos de Balears, que se han manifestado mayoritariamente a favor de la ecotasa. Somos una potencia turística y tenemos la obligación de proponer soluciones innovadoras. El Tribunal da una gran importancia al hecho de que el impuesto irá destinado a políticas de rehabilitación turística de carácter ambiental y cultural que se verán gravemente afectadas por su suspensión». Respecto a la posibilidad de retrasar la aplicación de la ecotasa ante una hipotética crisis del turismo balear, Antich aseguró que si se produjera un descenso «importantísimo del número de turistas el Govern no tendría problema en modular la aplicación del impuesto, pero en estos momentos no se dan las circunstancias de una crisis económica ni turística».
El titular de Hisenda, Joan Mesquida, en cuanto a su tramitación, explicó que el impuesto comenzará a cobrarse después de que se publique el auto del Constitucional y una vez el Govern reciba el dictamen, no vinculante, encargado al Consell Consultiu. Calificó la ecotasa de un impuesto «neutro para las empresas» y destacó que el Constitucional pone de relieve en su auto que la recaudación de la ecotasa se dedicará a un fondo que se empleará en mejoras medioambientales, agrícolas y de zonas turísticas, «campos de exclusiva competencia de la Comunitat Autònoma». El conseller de Turisme, Celestí Alomar, afirmó que la ecotasa, «no afectará a la evolución de la venta de reservas turísticas hacia las Islas. Pienso que puede representar un elemento distintivo respecto a zonas turísticas competidoras».
El Constitucional desarma todos los argumentos del
abogado del Estado
El auto del Constitucional señala que en la ponderación de
intereses en conflicto debe prevalecer el interés autonómico a la
recaudación de un tributo regulado por una ley. Añade que el
impuesto tiene una finalidad -la protección del medio ambiental y
cultural-, que debe prevalecer sobre otro interés, el particular de
los ciudadanos, a no soportar un tributo, cuya cuantía oscilará
entre los 25 céntimos de euro a los dos euros diarios por turista.
Indica que los supuestos perjuicios que ocasionaría a la actividad
turística son potenciales, así como que no perjudicará a las
empresas turísticas ni les hará perder competitividad, al
considerar que la ecotasa no grava la actividad de las empresas,
sino a los turistas.