Los promotores de Can Escandell han reclamado al Ayuntamiento de Eivissa la rescisión del contrato firmado en 1994 por el que se acordaba la cesión de 95.000 metros cuadrados de terreno para construir un gran parque cuando el resto de la zona pudiera desarrollarse urbanísticamente. En vista de que ese convenio no tiene visos de poder ejecutarse, los propietarios de los terrenos quieren ahora que el Consistorio derribe todas las construcciones que se han llevado a cabo en la zona y, para ello, han promovido un expediente sancionador contra la institución y no descartan emprender acciones penales para exigir responsabilidades al equipo de gobierno.
Según explicó ayer José Antonio Prats, el letrado que representa a los promotores, la zona está calificada como verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, por tanto, todos los usos que se le han dado hasta ahora pueden constituir un delito contra la ordenación del territorio tipificado en el Código Penal, así como un delito de prevaricación. Así, en el expediente sancionador urbanístico presentado ayer mismo se reclama que se eliminen de estos terrenos el centro cívico y social, el parque infantil, el escenario para fiestas, la pista polideportiva y sus vestuarios y aseos. También se denuncia que el Ayuntamiento «ha llevado a cabo la ampliación de la calle des Jondal, que antes era un camino de un metro de ancho y ha pasado a convertirse en una carretera de doce metros».
Lo que más ha molestado a los propietarios, recalcó el abogado, es que todo esto se ha hecho «con total desprecio» hacia ellos, sin consultarles o siquiera informarles de sus intenciones. «Una vez que se acaba la esperanza y la ilusión, que se ve que no se va a llevar a cabo ni el parque ni la urbanización, están dispuestos a llegar a dónde sea mediante acciones civiles y penales», advirtió su representante legal.