Al menos cuatro de las siete construcciones paralizadas por el Ayuntamiento de Santa Eulària en Can Castelló fueron dadas de alta en el Registro de la Propiedad mediante certificados falsos expedidos por el arquitecto técnico José Manuel Coll. El aparejador certificó que las cuatro casas, que ni siquiera han sido concluidas, tenían una antigüedad «superior a los diez años»: todas habían sido edificadas antes del 15 de octubre de 1990 y desde esa fecha no se habían realizado en ellas obras ni reformas, aseguraba. Ese dato entra en contradicción con los que aparecen en las notas registrales, donde se indica que 39 días antes, el 6 de septiembre de 1990, todas esas casas tenían menos superficie (100, 45, 278 y 152 metros menos, respectivamente). El aparejador libró estos certificados el pasado 10 de septiembre.
El método seguido por los promotores ha sido peculiar. Primero, el documento expedido por el aparejador se entregó en el Registro de la Propiedad para que quedara constancia de una ampliación por obra nueva. Luego, el Registro notificó al Consistorio los cambios introducidos en la nota registral de esa vivienda para que comprobara si se ajustaban a la licencia (que en este caso ni siquiera existía). Pero ningún funcionario investigó si esos cuatro chalets nuevos se habían ampliado con permisos municipales y si realmente estaban terminados. De hecho, los servicios técnicos de Santa Eulària no intervinieron hasta que el grupo municipal progresista denunció este asunto.
Cumplimentado ese trámite, y sin que el Consistorio se interesara por la legalidad de esas construcciones, los promotores obtuvieron licencias de obra menor para efectuar ligeras mejoras en ellas. Amparados en esos permisos (que sólo sirven para pequeñas reformas) activaron la construcción de las viviendas. Una vez notificadas las ampliaciones en el Registro, solicitaron el cambio de las placas catastrales usadas fraudulentamente hasta entonces, y que pertenecían a casas de los alrededores.
El portavoz progresista, Carlos Salinas, explicó ayer los entresijos de este fraudulento sistema, que bien podría ser la punta del iceberg de un método empleado en muchos otros casos, probablemente en toda la isla. De hecho, los ediles del Pacte han comprobado que muchas otras notificaciones del Registro no han sido respondidas por el Ayuntamiento. El caso está siendo investigado por la Fiscalía, que podría ampliar las pesquisas a toda la política urbanística desarrollada por el Consistorio, ahora bajo sospecha.