La negociación sobre los presupuestos del Consell para 2002 entre el equipo de Gobierno y Els Verds ha llegado a un punto en que parece un diálogo de sordos. La paradoja consiste en que no llegan a entenderse aunque unos piden lo que los otros ofrecen. La última oferta del Pacte ha sido de tres millones de euros (500 millones de pesetas) para que los 'verdes' los destinen a la finalidad que quieran. Esa cantidad había sido propuesta al equipo de Gobierno progresista por los 'verdes' Marta Roldán y Ramon Mayol. Pero el pasado jueves ambos negociadores, a los que se sumó Joan Buades, la rechazaron en una reunión que mantuvieron con Pilar Costa.
Esa falta de entendimiento entre las partes surge por los 1'65 millones de euros que el Pacte se comprometió a invertir en Benestar Social (aparte de la cantidad ya consignada a esa Conselleria en el pasado ejercicio) a cambio de que Els Verds apoyaran el traspaso de la competencia de carreteras. Los progresistas aseguran que los presupuestos que han elaborado para 2002 incluyen esa cantidad y 600.000 euros más (100 millones de pesetas), en total, 2'22 millones de euros (370 millones de pesetas). Pero Els Verds no se lo creen: según Buades, esos 1'65 millones pactados no se reflejan en ninguna parte de las cuentas insulares. Esta situación impide, de momento, llegar a un acuerdo para evitar que el Consell prorrogue, por primera vez en su historia, los presupuestos de la institución insular.
Buades dice estar dispuesto a firmar «ahora mismo» su apoyo a esas cuentas si el equipo de Gobierno le presenta, por escrito, una oferta que incluya los tres millones de euros más los 1'65 millones de euros del trueque de carreteras. Así se podrían destinar, según los cálculos de Els Verds, 1'65 millones de euros a Benestar Social (cantidad que hay que añadir a la partida del pasado ejercicio), 1'2 millones de euros para Medi Ambient y 1'8 millones para los Parques Naturales de Cala d'Hort y ses Salines, cooperación municipal y cooperación con el tercer mundo. A esa suma hay que incluir 210.000 euros (35 millones de epsetas) de «incumplimientos» del Consell.