El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, reconoció ayer en el Consolat de la Mar, tras la firma de la adhesión de Balears al nuevo sistema de financiación autonómica que supone una mejora para la Comunidad insular de aproximadamente 120 millones de euros, que deploraba «la conflictividad habida entre la Administración central y el Govern en los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra iniciativas políticas del Govern». Añadió que cuando su ministerio interpone un recurso es porque «debo hacerlo, pero la presentación de los recursos ante el Constitucional (ecotasa, ley de Consells y la ley de comercio) es para mí un fracaso, porque lo que me gustaría es que en las conversaciones previas entre los gobiernos hubiéramos llegado a un acuerdo. Cuando se recurre una medida del Govern balear lo planteo con tristeza».
Y quiso aclarar que cualquier recurso de inconstitucionalidad presentado por su ministerio se debe a motivos constitucionales, «nunca emplearía esta medida para atacar una determinada política porque para esto existen otras fórmulas». El ministro realizó estas declaraciones ante la presencia del conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, quien aclaró que «si hubiera un contacto institucional más fluido, donde pudiéramos comentar iniciativas legislativas, a lo mejor no existiría esta conflictividad».
La firma del convenio fue realizada por el ministro Posada y por el conseller de Presidència del Govern, Antoni Garcías. El propio Posadas declaró que este acto era especialmente trascendente, «se trata de un paso decisivo en la suficiencia de la financiación, en la corresponsabilidad fiscal y en una nueva visión de la misma por cuanto los ciudadanos podrán saber mucho mejor cómo cada administración recibe sus ingresos y cómo los gasta». Para Posada, la firma de ayer es la última que suscribe el Gobierno con las comunidades y para Balears, «es especialmente importante y beneficiosa porque realiza una adecuación de los valores de su población y porque, debido al carácter insular de esta comunidad, percibirá el 16'1 por ciento del total de necesidades a financiar por esta variable para las competencias comunes asumidas.
Los recursos que proporcionaba el anterior sistema de financiación han pasado de representar para la Comunitat balear del 30'5 por ciento de sus necesidades de financiación al cien por cien con el nuevo sistema». De este modo, Balears gestionará con carácter temporal indefinido tributos como el IRPF, con carácter parcial y con el límite del 33%; el Impuesto sobre el Patrimonio; el de Sucesiones y Donaciones; el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales; tributos sobre el juego, y parte del IVA hasta un límite del 35%, entre otros. Mesquida señaló que el nuevo modelo de financiación supone una mejora desde el pasado 1 de enero, como una mayor corresponsabilidad fiscal y la participación en la gestión de más impuestos.