Su procedencia es diversa y sus trabajos también, la mayoría trabaja para las distintas administraciones y todos tienen algo en común: el problema de la vivienda. Encontrar un techo digno y en condiciones económicas asequibles dados los sueldos, cortos, que cobran. Alfonso Acero y Gema Panizo trabajan en el juzgado de paz de Formentera, Jaume Aspa es psicólogo y educador del programa Dalias, y Eugenia García es la nueva técnico de rayos X que se acaba de incorporar al Centro de Salud de Formentera. Judith Mira es técnico medioambiental del Consistorio, Juan Fritschi trabaja en la Reserva Natural de Ses Salines, Andrea en servicios sociales municipales, Pilar es empleada de banca, Jordi es un diseñador que trabaja como artesano.
«Si no llegas en buena época ya no pillas casa», dice Alfonso Acero: «Lo más complicado es que te la quieran alquilar para todo el año, ya que por lo general es por diez meses. En julio y agosto te echan para alquilarla a los turistas». En este sentido, Acero señala que quienes menos problemas tienen son los profesores: «Se van en junio y no regresan hasta setiembre; son un chollo para los propietarios».
Jordi Aspa, que lleva meses en la isla, asegura que lo ha pasado muy mal para encontrar una vivienda digna: «Sólo ahora que compartimos un piso entre tres vamos más desahogados». Para Jordi, como para el resto, es «demencial» que pidan alquileres de 80.000 pesetas para arriba, aunque reconocen que «cada uno se gana la vida como puede, pero la realidad de Formentera no es la de hace años».
Acero insiste en que cobra sueldos como en la península aunque la vida en Formentera «es mucho más cara». En una ocasión visitó una inmobiliaria de Sant Ferian que ofrecía viviendas para funcionarios o personal del centro médico pero con unos precios excesivos, 90.000 pesetas por un apartamento de una sola habitación y 120 mil pesetas por los de dos habitaciones: «Con piscina, pero yo que cobro 120.000 pesetas ¿cómo me apaño con las 30.000 restantes para vivir un mes?».
Jordi Peñaranda afirma haberse pateado la isla, camino a camino, casa por casa en busca de un alquiler decente, pero sólo ha encontrado precios abusivos por cuatro paredes sin cédula de habitabilidad y claramente destinadas a la oferta turística paralela. Jordi es partidario, como la mayoría, de una intervención directa de la administración para dar vivienda digna a los funcionarios que trabajan en la isla. Más de uno ha confesado que visto lo visto por primera vez se le ha pasado por la cabeza convertirse en okupa.