La Comisión Europea informó ayer de que ha enviado a España dos dictámenes "paso previo a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas" motivados por algunas de las prácticas habituales en el procedimiento de entrega o renovación de las tarjetas de residencia y las sanciones que aplica por infracción en este ámbito. En total, dos cartas de advertencia, la primera porque el Ejecutivo considera que las multas que España impone a los ciudadanos de la UE por omisión de solicitud o renovación de su tarjeta de residencia son «desproporcionadas» y «discriminatorias».
Según explicó el responsable de la Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior, Konstantinos Dimitriadis, el Ejecutivo comunitario recibió quejas de periodistas alemanes y franceses residentes en Eivissa que se vieron obligados a pagar hasta 600 euros (100.000 pesetas) por olvidar renovar su permiso de residencia, mientras que un español debe pagar unas 50 pesetas por mes de retraso en la renovación del carnet de identidad. «El país puede imponer sanciones por no renovación pero no pueden ser discriminatorias y se da el caso de que para los ciudadanos europeos las multas pueden llegar en España hasta los 3.012 euros (500.000 pesetas), lo que no es el caso para sus nacionales», indicó.
El segundo dictamen motivado se debe a que el Estado solicita visados de residencia a las personas de países terceros familiares de un europeo que se instala en España, antes de viajar a dicho país. El problema fue denunciado por un alemán casado con una norteamericana y un holandés casado con una colombiana, ambos con residencia en España. Desde el punto de vista del derecho comunitario, el visado de un familiar debe ser gratuito y casi automático, con un máximo de 6 meses de plazo. Según la Comisión, España usa el máximo y pido muchos papeles en principio innecesarios. El Gobierno español cuenta con dos meses, a contar desde el pasado 3 de abril, para responder a la Comisión y poner fin a estas situaciones, que ya han sido advertidas con anterioridad a las autoridades nacionales.
Si no responde de forma satisfactoria, la Comisión puede decidir acudir a la Corte de Justicia europea. Junto con España, Bruselas ha recriminado a Bélgica, a quien ha enviado una solicitud formal para que modifique su práctica administrativa que consiste a no tener en cuenta, en el marco de la aplicación de la directiva del año 1990 sobre el derecho de residencia de los económicamente inactivos, los recursos provenientes de una tercera persona, especialmente si se trata de un pariente o un cónyuge no casado. También se ha solicitado a las autoridades belgas que modifiquen la legislación por la cual envía cartas de expulsión a los ciudadanos europeos que no hayan regularizado su situación correctamente.