El Ayuntamiento de Eivissa ha anunciado que hará llegar un requerimiento, con el fin de que abandonen su protesta, a los dos propietarios de pisos en el edificio dañado por el desplome del bloque Barceló. Los dos vecinos han ocupado sus viviendas para presionar sobre la resolución del caso, que lleva casi quince meses en los juzgados. Así, el derrumbe de Barceló se produjo en enero de 2001. El inmueble contiguo quedó dañado en su estructura y afectado por un expediente de desalojo tras decretarse su ruina.
El Ayuntamiento de Eivissa pondrá en conocimiento a los juzgados de la situación de los dos vecinos si no abandonan su protesta. Por otro lado, el Consistorio ha dado un mes de prórroga a los propietarios para que presenten el proyecto de derribo, paso preciso para demoler el bloque.
Por su parte, un portavoz autorizado por el colectivo de propietarios afectados, señaló ayer que el caso está todavía en período de instrucción, por lo que la depuración de las posibles responsabilidades o indemnizaciones que recaigan sobre la empresa propietaria y constructora del bloque desplomado (Barceló y Saguri) va «para muy largo». Como solución se planteó un posible acuerdo previo con las empresas «que parece totalmente imposible hoy por hoy», a juicio del portavoz.
Otra queja por parte del colectivo de propietarios es que el Ayuntamiento «se ha cerrado en banda por completo a la hora de atender a los afectados». El portavoz cree que el Consistorio es responsable porque «una obra ilegal "supuesta causa del desplome de Barceló" se estaba realizando dentro de su término municipal y no se paralizó». Por otro lado, consideran que Servicios Sociales podrían articular «alguna medida para una gente que nunca ha pedido dinero», pero que ahora «se encuentra en una situación muy complicada, desesperada».