El Govern balear acordó ayer en Consell de Govern interponer un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente sobre la evaluación del impacto ambiental del proyecto de extracción de arena en la zona de sa Talaia (Sant Joan), que empezó el jueves. Esta resolución del Ministerio de Medio Ambiente, publicada en el BOE del pasado 15 de abril, considera que no es necesario someter el proyecto al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en contra de lo que reclama el Ejecutivo autonómico. El Govern solicita asimismo, según explicó ayer mismo el presidente Francesc Antich, que se suspenda la ejecución de la resolución impugnada. «Pedimos que se paralice la extracción de arena en sa Talaia y se continúe con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental iniciado en 1998», reclamó el jefe del Ejecutivo autonómico.
Antich recordó que el proyecto de extracción de arena data de la década de los 90. «En 1998 se inició el proceso para someter el proyecto al estudio de impacto ambiental, pero de las 10 respuestas recibidas a las consultas preceptivas nueve fueron desfavorables o reclamaron mayor información», señaló. Sólo el Ayuntamiento de Santa Eulària mostró su conformidad. El departamento de Ciencias de la Tierra de la UIB, la Cofradía de pescadores de Eivissa, el Instituto Español de Oceanografía y, entre otros, el propio Ministerio de Agricultura y Pesca se opusieron frontalmente o reclamaron más datos para poder manifestarse.
El Govern mantiene que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la obligación legal de resolver el procedimiento iniciado en el 98. El presidente Antich cree que el Ministerio de Medio Ambiente decide ahora recuperar el proyecto anterior con la excusa de reponer los daños del temporal, considerándolo una obra de emergencia y evitando así los trámites de aprobación del estudio de impacto ambiental. «No nos oponemos a arreglar los daños del temporal. Que quede claro que todo lo que sea la recuperación de las playas, dentro de la declaración de emergencia, está fuera de este recurso. Pero no podemos permitir al Ministerio que aproveche esta situación de emergencia para llevar adelante un proyecto anterior», subrayó.
Por su parte, el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) ha puesto este caso en manos del Fiscal Jefe de Medio Ambiente, Adrián Salazar. Los ecologistas piensan que la Dirección General de Costas podría incurrir en un delito contra el medio ambiente, tipificado en el Código Penal, por lo que reclaman la inmediata paralización de los trabajos de extracción en el banco de arena de sa Talaia. Además, el GEN avisa de que si se vierte arena en alguna playa que no esté incluída en el estudio del Imedea y la Universidad de Valencia (Aigua Blanca, es Figueral y s'Arenal en Sant Antoni) denunciarán esta vez los hechos ante el juzgado.