El conseller del grupo mixto Joan Buades reiteró ayer que la Conselleria balear de Medi Ambient, a cuyo frente está Margalida Rosselló, no tiene competencias para precintar las obras ilegales que se ejecutaban en Cap Llentrisca, suspendidas en mayo de 2000 y precintadas finalmente hace escasos días por el Consell. Esa afirmación entra en contradicción con lo que se asevera desde la institución insular, cuyos responsables esgrimen un informe elaborado el 26 de junio de 2000 por el departamento jurídico del Govern en el que se indica que en el caso de actuaciones que supongan una transformación de la realidad del área de Cala d'Hort es la Administración autonómica la «encargada de ejecutar la resolución de la Conselleria de Medi Ambient».
Por el contrario, Buades entiende que Medi Ambient estaba atada de pies y manos en este asunto, por lo que considera necesario aprobar una ley de Biodiversidad para que la Administración ambiental «pueda desplegar agentes que precinten, expedienten, hagan demoler y multen cualquier obra ilegal». Sin ese «paraguas legal», la Conselleria que controla Margalida Rosselló seguirá dependiendo de que los ayuntamientos o los consells se decidan a actuar, según explicó Buades. En el caso de Cap Llentrisca, el diputado asegura que si Medi Ambient hubiera tenido esa competencia, no se hubiera tardado dos años en precintar las dos viviendas.
El martes, Buades preguntará en el Parlament al Ejecutivo si «considera conveniente que la futura ley de Biodiversidad contemple las construcciones ilegales dentro de espacios protegidos como infracciones ecológicas de cara a hacer posible que la Administración ambiental pueda actuar directamente para proteger, o si cree preferible que esa competencia siga en manos de unas administraciones territoriales que, como en Cala d'Hort, tardan años en precintar obras ilegales». Buades señala que PSOE y UM «vetan» esa ley por invadir competencias de municipios y consells.