La Conselleria insular de Medi Ambient está elaborando un informe para determinar si las modificaciones efectuadas hace un año en las motas de ses Salines por parte de la empresa Salinera Española son legalizables. El Consell abrió en julio de 2001 un expediente de disciplina urbanística a esa sociedad por haber llevado a cabo unas obras que habían comportado una sustancial modificación morfológica de los diques que separan los estanques, circunstancia expresamente prohibida por la ley que convirtió ese paraje en Reserva Natural. Empero, la empresa alegó que esas intervenciones eran precisas para el mantenimiento de la actividad extractiva de la sal.
Un portavoz de la institución insular explicó que el informe debe dirimir si a pesar de que los trabajos se realizaron sin licencia «son legalizables o no». En el Consell también están pendientes de lo que al respecto se diga en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de ses Salines, que deberá ser aprobado en las próximas semanas por el Consell de Govern (la consellera Margalida Rosselló prometió que sería en mayo) y en el que se debe especificar qué tipo de modificaciones de las motas se permiten. Las que motivaron la denuncia del Consell tenían, antes de la intervención, 1'2 metros de ancho, y entre cinco y ocho metros después.
La altura también pasó de 20 centímetros a un metro, según figuraba en el expediente abierto por el Consell, aunque esos datos fueron calificados como incorrectos por Salinera Española. El director de esa empresa confirmó el año pasado que las obras se habían desarrollado sin permiso ante la tardanza de la Administración a concederlo: «Nosotros no podemos estar pendientes de eso, tenemos que producir sal», dijo.