La Plataforma Pro Protección des Puig des Molins, formada por vecinos de la zona, se llevó una sorpresa mayúscula cuando la Comisión Insular de Patrimonio les informó el pasado día 17 que, vistos los informes técnicos y jurídicos, había aprobado por mayoría modificar a la baja el área de protección del Molí d'en Toni Joan, situado en la calle Rafael Albertí, que data del siglo XVIII y está catalogado como un Bien de Interés Cultural (BIC).
Así, el entorno de protección de esta joya del patrimonio insular ha pasado de 25 a 13'5 metros, lo cual permite a la promotora Blauvert S.L acometer sin modificar nada la construcción de un bloque de 39 apartamentos de lujo, con 75 plazas de aparcamiento, en primera línea de mar. Asimismo, la Comisión Insular de Patrimonio, según dice la comunicación remitida a los vecinos, «revoca el acuerdo adoptado por la Comisión en fecha 11 de enero de 2002 sobre la construcción del edificio promovido por Promociones Urbanas Blauvert S.L, ya que ésta queda fuera del ámbito de protección del molino».
La plataforma también denuncia que el Ayuntamiento de Eivissa renovó el año pasado la licencia solicitada inicialmente en 1990 con un proyecto modificado por otro arquitecto. «Creemos que se tendría que estudiar más a fondo y, sobre todo, no entendemos por qué el Ayuntamiento no da otro trato a una zona histórico-artística con sobrados valores arqueológicos», subraya María Tur, miembro de la plataforma.
La consellera de Cultura del Consell Insular, Fanny Tur, sostiene que la reducción del área de protección, basada en criterios técnicos, no significa nada ya que el proyecto urbanístico tiene que pasar aún por la Comisión Insular de Patrimonio. «Estamos a la espera de que el Ayuntamiento nos remita el proyecto para estudiarlo. Si mañana la promotora empieza a construir, ordenaremos la paralización inmediata. A título personal, pienso que este edificio es un desastre ya que tapa los molinos y afecta visualmente a la zona», explica Tur.
Por su parte, el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Eivissa, Joan Boned, subraya que la solicitud de la promotora para construir es a todas luces legal: «Según la ley teníamos la obligación de tramitar la solicitud. Los informes jurídicos dicen que la tramitación es correcta. En este ayuntamiento no se da una licencia sin el informe positivo de los servicios técnicos y jurídicos. Políticamente podríamos hacerlo, pero nunca daremos licencias en contra de lo que se valore en los informes», justifica. Boned reconoce que el proyecto inicial fue modificado: «La licencia se intentó conseguir en 1990 y volvió a presentarse en 1998 con alguna modificación pero con el mismo presupuesto. La modificación se hizo con unas condiciones y se ha seguido la tramitación escrupulosamente».