Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas de Balears, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón apuestan por «blindar» el sistema de salud público «a fuerza de más calidad y de contemplar la asunción de más y nuevos derechos» del ciudadano, bajo la premisa de que «en el siglo XXI ya no es suficiente con un servicio universal y gratuito», según expresó el consejero andaluz, Francisco Vallejo.
«Los ciudadanos exigen el derecho a una segunda opinión médica, a un rápido y sencillo acceso a los servicios, a la autonomía personal, a la información y a no tener que esperar cuando se trata de su salud», afirmó el consejero de Asturias, Francisco Sevilla.
Este y otros objetivos se recogen en la declaración «Casal Ernest Lluch» -lugar en que han mantenido una primera reunión de trabajo- que los responsables de Salud de las comunidades gobernadas por el PSOE, con la consellera Aina Salom como anfitriona, hicieron pública ayer.