La unión temporal de empresas formada por Minuartia Estudis Ambientals S. L. y Duna Baleares S. L. se encargará de la redacción de una auditoría ambiental de la isla de Eivissa. La adjudicación fue publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial de les Illes Balears y supondrá un desembolso de 58.299 euros a las arcas insulares, casi 2.000 menos que la base de licitación.
El encargo ha corrido a cuenta del Consell después de que el pasado año -la partida estaba recogida en el presupuesto de 2001- ningún ayuntamiento de la isla, ni siquiera el de Eivissa, presentara un proyecto relacionado con la Agenda Local 21, nacida en la conferencia de Río de Janeiro celebrada hace diez años y con la que se pretende que las corporaciones locales impulsen proyectos de mejora medioambientales.
La auditoría se hará municipio por municipio, y una vez se disponga de todos los datos serán ofrecidos a los consistorios, lo mismo que ha hecho la pasada semana el Consell con los índices de sostenibilidad. En teoría, esa primera fase, la de recogida de datos, tendría que ejecutarse desde los ayuntamientos, pero ante la pasividad mostrada la institución insular ha optado por encargar la auditoría por su cuenta. Conocida esa información, desde las corporaciones se podrán aplicar políticas medioambientales para alcanzar una «situación de sostenibilidad», según explicó ayer la consellera insular de Medi Ambient, Fanny Tur.
La auditoría es un «examen más exhaustivo» de la realidad que los índices de sostenibilidad, dijo, algo que también se nota en el precio: estos últimos costaron alrededor de 24.000 euros, mientras que la auditoría ronda los 58.000.