«La licencia es completamente legal y para su concesión se siguieron los trámites legales», dijo ayer José María Roig Vich, el «abogado» del Ayuntamiento (según calificó el teniente de alcalde de Santa Eulària, Vicente Riera). El Consistorio salía así ayer al paso de la noticia de que la Fiscalía ha elevado al juzgado de primera instancia e instrucción de las Pitiüses la solicitud para que se abran diligencias previas por los posibles delitos sobre ordenación del territorio y falsedad en documento oficial por la concesión de una licencia de construcción de un bar-restaurante en Cala Nova en una zona que, según el fiscal Manuel Campoy, está protegida por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). Roig niega que exista esa protección: «No nos consta que en las DOT hubiera reserva o protección en ese lugar, y el planeamiento urbanístico no lo prevé». A su juicio, toda esa franja está desarrollada urbanísticamente y, por tanto, no es suelo rústico protegido, sino urbano.
Al Ayuntamiento aún no ha llegado el escrito remitido por la Fiscalía a los juzgados, pero el abogado asegura que aportará al juez toda la información que requiera, que al fiscal le ha costado casi año y medio recabar.
Respecto a los funcionarios que informaron favorablemente y que la Fiscalía pide que sean imputados, junto a los promotores, Roig dijo que el Ayuntamiento «avala» su comportamiento porque actuaron «conforme a ley» y siguiendo un informe redactado por la Comisión Insular de Urbanismo (CIU) en 1999 sobre «suelos urbanos, cuándo hay que considerarlos como tales y en qué condiciones», explicó.