El juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Eivissa prosigue las diligencias encaminadas a discernir si en junio de 2001 existió un delito contra la flora y la fauna por parte de las avionetas que prestaron apoyo aéreo a la flota atunera cuando ésta es una práctica prohibida por la UE.
La fiscalía ha pedido que se tome declaración a nueve personas como imputadas. Se trata de un súbdito español y los ochos restantes son de nacionalidad francesa unos y de origen magrebí, presumiblemente argelinos, otros, teoría esta reforzada por el hecho de que los actuales vuelos ilegales se realizan desde el aeropuerto de Orán. El magistrado que instruye el caso cursará en breve una comisión rogativa a fin de recabar las declaraciones de los imputados.
Desde el juzgado se ofreció la posibilidad de emprender acciones a los posibles perjudicados pero según ha podido saber este rotativo, la Federación de Cofradías de Alicante, que había denunciado los hechos ante el Ministerio de Pesca, renunció a dicha posibilidad y la Cofradía de Pescadores de Formentera no se personó en el caso.
Estas diligencias que lleva a cabo el juzgado nº 3 de Eivissa son consecuencia del escrito de la delegación en Eivissa de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears que remitió a los juzgados el expediente y diligencias incoadas de oficio el 13 de julio de 2001 por un posible delito contra la flora y la fauna «con motivo de la aparición en los medios de comunicación locales, de diversas noticias sobre la pesca con avionetas de atún rojo en aguas próximas a las islas Ibiza-Formentera, pese a la prohibición legal, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional», señalaba en su escrito Manuel Campoy. El fiscal hacía hincapié en que la UE «ha prohibido el uso de aviones o helicópteros como ayuda en la pesquería del atún rojo en el Mar Mediterráneo entre el 1 y el 30 de junio».