La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni celebró el 31 de mayo una sesión extraordinaria y urgente en la que decidió «suspender los efectos de la licencia de obras» otorgada a H. W. M. Z. en representación de la empresa Vedranell. S. L. para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la finca Can Ereta, en es Camp Vell (Sant Mateu) «por ser su contenido presuntamente constitutivo de una infracción urbanística grave».
La medida fue adoptada una semana después de que el fiscal que investiga delitos contra el medio ambiente en las Pitiüses, Manuel Campoy, remitiera al juzgado sendos escritos (de fechas 22 y 24 de mayo) interesando la apertura de diligencias previas para esclarecer si en es Camp Vell se habían cometido delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia a la autoridad.
Para tomar esa medida, la comisión de gobierno se basó en un informe jurídico elaborado el 29 de mayo de 2002 en el que se subrayaba que se debía acordar la suspensión, proceder a la inmediata paralización de las obras, incoar expediente sancionador y dar traslado inmediato de la resolución al juzgado de lo Contencioso-administrativo de Balears. Los ediles acordaron todas esas medidas una semana después de que la Fiscalía pidiera información a la concejal de Urbanismo, Blanca Castiella, sobre si otras construcciones de es Camp Vell gozan de licencia municipal y respecto a la procedencia de dos placas colocadas en dos habitáculos.
El portavoz del Pacte Progressista de Sant Antoni, Joan Marí Serra, Marge, recordó ayer que su grupo municipal ya había advertido a Blanca Castiella sobre la irregular situación de esa vivienda. Según asegura Marí, la edil se burló y dijo que no sabía leer expedientes.
La Fiscalía ya pidió en mayo que se precintaran las «falsas ruinas» de es Camp Vell y el desalojo de una de las viviendas.