El Ayuntamiento de Eivissa dará luz verde en lo que queda de año a la construcción de 242 viviendas, al menos a todas las que hayan presentado debidamente la documentación necesaria. Este paquete de solicitudes corresponde al que entró en el Ayuntamiento antes del trimestre anterior a que entrara en vigor la moratoria decretada el pasado 13 de julio y que expira el sábado.
Por ello, el Consistorio aprobará mañana en pleno extraordinario una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que a partir de 2003 limitará la construcción de 137 viviendas (se considera que cada una comporta un total de tres plazas) más 60 plazas turísticas por año. Se trata del nuevo sistema de cupos que, en el caso de Eivissa, establece el crecimiento anual en el 0'75 por ciento del número de plazas autorizadas actualmente (62.878) y que quedará subdividido de la siguiente manera: 295 plazas para viviendas residenciales plurifamiliares, 12 para viviendas unifamiliares, 105 para residencias de protección oficial de promoción privada y 60 turísticas. Este sistema de cupos, según el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, será el más restrictivo de Balears.
Las primeras licencias que se solicitaron ya iniciado el sistema de cupos (tres meses antes a la moratoria urbanística), 369, deberán resolverse a partir del 2003 y después todavía hay acumuladas otras 500 licencias que se presentaron a partir de julio del 2001, cuando entró en vigor la moratoria. En total, el Ayuntamiento calcula que una licencia que se solicite hoy podría tardar en adjudicarse, según el tipo de viviendas al que pertenezca, hasta seis años.
Esta medida, según el alcalde, favorecerá la construcción de viviendas de protección ofical y frenará los intereses de los grandes promotores. Si una empresa quiere construir un bloque de apartamentos de 180 plazas, por ejemplo, primero se tendrá que poner a la cola de las 369 solicitudes pendientes y después, cada año, sólo podrá pedir el 41 por ciento de las 98 plazas posibles (ver los detalles de la norma adjuntos), por lo que estará más de seis años esperando el permiso de obra. «Que promotor se aventurará a esperar tanto tiempo. Esta norma favorece a los constructores de la isla y, sobre todo, a la construcción de viviendas asequibles para cualquier trabajador», indicó Tarrés.