Las empresas Herbusa, Cespa y Tirme negocian la adecuación del vertedero de Roca Llisa, que actualmente es propiedad de la primera de ellas. De esas conversaciones podría crearse una unión temporal de empresas (UTE) para explotar ese basurero, en situación de «clandestinidad, según el Plan Director Sectorial de Residuos de las Pitiüses, y cuyo estado llevó el pasado año a la Comisión Europea a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Aunque las tres empresas llevan tiempo negociando apenas han avanzado, especialmente por las dificultades que al parecer plantea Tirme para alcanzar un acuerdo. Tirme es la concesionaria del tratamiento de basuras de Mallorca. El año pasado preveía adquirir todos los equipamientos e instalaciones previstas en el plan sectorial de residuos de esa isla por un valor total de 15.000 millones de pesetas.
Según pudo saber este periódico, a pesar de que las negociaciones están en «fase embrionaria», se espera una solución rápida, pues el Consell tiene previsto sacar de inmediato a concurso el pliego de prescripciones técnicas para la adecuación de esa instalación. La consellera insular de Medi Ambient, Fanny Tur, ya advirtió el pasado 6 de abril que si antes de julio Herbusa no aceptaba vender el vertedero, la institución iniciaría un proceso de expropiación urgente.
En principio, el Consell está a la espera de que las tres empresas se pongan de acuerdo, lo cual evitaría a la institución tener que intervenir de forma traumática. Cualquier acuerdo pasa por contar con el visto bueno de Herbusa, pues el basurero se asienta en terrenos de su propiedad.