El primero en declarar fue el abogado José María Roig Vich, que lo hizo como «cargo de confianza del alcalde» o «asesor legal», aunque la manera en que ha sido contratado por el Ayuntamiento es confusa. Por espacio de casi dos horas, Roig reiteró ante la responsable del juzgado de instrucción y primera instancia número 4, Carmen Robles, que considera «plenamente vigente» el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) de Santa Eulària -tal como ya expresó en un informe que redactó en el año 1998-, y que, por tanto, la aprobación el 3 de agosto de 2000 del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 2.1. de ses Torres por parte del pleno del Consistorio (exclusivamente con los votos de los trece concejales del grupo popular) cumplía todos los requisitos legales, pese a que tanto dos sentencias como el propio Consell advertían de que ese planeamiento no debía emplearse porque rectificaba otro de carácter superior, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al convertir un suelo rústico en urbano.
Para el letrado, el hecho de que existan dos sentencias contradictorias al respecto y de que ninguna anule explícitamente el PDSU, le da la razón. Sobre el acuerdo de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU) que instó al Ayuntamiento a dejar de aplicar el PDSU, Roig advirtió de que ese organismo no ha adoptado aún ninguna decisión que anule ese planeamiento: «Por lo tanto, cualquier manifestación de tipo político de los miembros del Consell es gratuita. Ellos tienen la capacidad de iniciar los trámites de anulación y no lo han hecho», advirtió.
Ya por la tarde y tras haber declarado durante más de una hora, el aparejador Vicent Marí insistió ante los medios de comunicación en que el PDSU seguirá siendo «legal hasta que alguien lo declare ilegal» y que, por lo tanto, las licencias otorgadas en ses Torres «están bien dadas». Respecto a las sentencias que sugieren la nulidad del PDSU, Marí fue claro: «Aunque digan eso, no entiendo que sea nulo».