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Telefónica tiene seis meses para retirar la antena de Sant Joan

El Ayuntamiento comunica a la compañía que según la ordenanza debe alejarla del colegio y del núcleo urbano

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EUGENIO RODRIGUEZ
El Ayuntamiento de Sant Joan comunicará entre hoy y mañana a Telefónica que dispone de un plazo máximo de seis meses para retirar la controvertida antena de telefonía móvil que se alza a escasos metros del colegio público de la localidad. La compañía ya comunicó en junio del año pasado su disposición a reubicarla en otro lugar, apartado del núcleo urbano. El Ayuntamiento, eso sí, debía decidir su nueva localización.

Telefónica también deberá conseguir una licencia de actividad, ya que, según el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, sólo dispone de un permiso de obra, que data de 1995. El Consistorio aplica desde la semana pasada la primera ordenanza reguladora de telefonía móvil de las Pitiüses. Esta dice que las antenas instaladas deben reubicarse en unas zonas determinadas, preferentemente en suelo no urbanizable.

Con esta normativa en la mano, el Ayuntamiento ordenará la retirada de las antenas de telefonía móvil que se instalaron sin la correspondiente licencia de obra y actividad. El Ayuntamiento, sin embargo, ha dado prioridad absoluta a zanjar la retirada de esta infraestructura de telecomunicaciones próxima al colegio de la localidad y que ha provocado tantas quejas de la Asociación de Padres de Alumnos. «Lo primero que queremos hacer es resolver este asunto», dice el primer edil de Sant Joan.

Las antenas que disponen de permiso tendrán un plazo de dos meses para presentar un informe individualizado de cada una de ellas, visado por el colegio profesional correspondiente, indicando los límites de exposición electromagnética alcanzados en su ámbito de cobertura. El Ayuntamiento comunicará los resultados de las mediciones a los propietarios de los terrenos y edificaciones próximas a su emplazamiento. El límite de las radiaciones permitido en Sant Joan corresponde con el fijado en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre acerca de las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, dictado por el Gobierno.

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