El asesor del Ayuntamiento, José María Roig Vich, había presentado un recurso de reforma contra las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora en la instrucción del procedimiento judicial. El aparejador, Vicent Marí, que al igual que Roig declaró en calidad de imputado por este caso, presentó un escrito similar.
En un plazo de 10 días, EU habrá preparado las alegaciones contra la «cuestión de perjudicialidad administrativa» presentada por Roig Vich. Según la formación que denunció ante la Fiscalía el caso ses Torres, «Roig pretende de forma completamente injustificada la suspensión de las actuaciones penales mientras no se hayan resuelto los contenciosos administrativos».
En un comunicado de prensa, EU denuncia que el Ayuntamiento de Santa Eulària y la promotora de las obras, Lloma Talamanca, «actúan de forma coordinada» con actuaciones que «responden a la intención de retardar el máximo posible la instrucción del procedimiento penal y de intentar confundir a la opinión pública».
«En cambio -prosigue el partido- no se ve la misma diligencia por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento a la hora de restablecer la legalidad y acabar con el caos urbanístico de ese municipio».
El diputado Miquel Ramon adelantó ayer que una de las tácticas que empleará próximamente el Ayuntamiento es la de intentar demostrar que los ediles progresistas también han llegado a votar a favor en algunas cuestiones relacionadas con el Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) planteadas en los plenos del Consistorio. Ramon recordó que lo que se dirime ahora en los juzgados es la concesión de unas licencias a sabiendas de que no se podían dar, y no todo el planeamiento urbano del municipio. Con ironía, el diputado animó al Ayuntamiento a que si está interesado en poner sobre el tapete el PDSU repase entonces a conciencia todas las licencias urbanísticas que ha otorgado en la última década.