La empresa promotora de la urbanización de Punta Pedrera (Sant Josep) tiene de plazo hasta el 10 de octubre de 2003 para concluir la construcción de 39 estudios y de un edificio aislado. La obra, que ya ha sido iniciada, fue denunciada la pasada semana por el Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN) y por Amics de la Terra por entender que vulnera la norma territorial cautelar del año 2000. Asimismo, ambos grupos señalan que en el avance del Plan Territorial Insular (PTI), actualmente en exposición pública, ese sector aparece como afectado por la moratoria, algo que según arguyen «no deja margen de duda sobre la ilegalidad de la licencia» con la que se promueve esa construcción.
Una valla cubre la zona objeto de las obras, y en ella ha sido colocado un cartel que explica que la empresa Mecron S. L. dispone de una licencia de obra mayor (expediente número 111/2001) que fue expedida el 19 de abril del año 2001. Ese documento ampara la construcción de 39 estudios y de un edificio aislado en la parcela número 5 del sector 5.4.
En principio, hay más parcelas y otro permiso para construir más apartamentos. La licencia, cuyo plazo de ejecución expira en un año, sólo permite alzar edificios que tengan un máximo de dos plantas.
Cinco meses antes de que fuera concedida esa licencia y a raíz de una denuncia efectuada por Amics de la Terra, el día 28 de noviembre de 2000 el Consell instó (según consta en una nota de prensa, aunque no oficialmente) al Consistorio de Sant Josep a que paralizase las obras llevadas a cabo en el sector 5.4. de Punta Pedrera «por una posible vulneración de la norma territorial cautelar», al tiempo que pidió toda la documentación relativa al proyecto de urbanización. Desde Amics se denunció que en ese lugar se estaba construyendo un depósito de aguas y un sistema de suministro de energía eléctrica.
No obstante, el departamento d'Ordenació del Territori mostró entonces dudas de que esa zona estuviera afectada por la moratoria. Lo estaba «aparentemente», en palabras del conseller responsable de esa área, Josep Marí Ribas, quien dijo entonces que para confirmar ese extremo debía aún recabar todos los informes al respecto. Un celador del Consell constató en noviembre de 2000 que se habían efectuado diversas obras e instalaciones en ese paraje, perono constaba aún otro tipo de actividad.