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La ampliación del aeropuerto eliminará una treintena de casas de la zona

Rechazada una moción del Pacte de Sant Josep para pedir a Fomento la suspensión del proyecto, que expropiará tres millones de m2

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El grupo popular de Sant Josep evitó ayer que prosperara una moción del Pacte Progressista en la que solicitaba al Ministerio de Fomento que retirara el actual proyecto de ampliación del aeropuerto de Eivissa y sólo ejecutara aquellas obras destinadas a mejorar la seguridad de la instalación. El concejal de Gobernación, Antoni Cardona Marí, rechazó la propuesta argumentando que el Ayuntamiento ha remitido al ministro Francisco Àlvarez Cascos una misiva "que será entregada hoy por el senador Enrique Fajarnés" en la que se le insta a «minimizar» las expropiaciones previstas y a pagar a precio de mercado los terrenos que sean absolutamente necesarios. Cardona confía en tener una respuesta positiva del ministro.

Josep Antoni Prats, portavoz del Pacte, alegó que esa medida era claramente insuficiente y que lo importante en estos momentos es parar la ampliación, para la que Fomento prevé expropiar tres millones de metros cuadrados, que pagará a tres euros el metro cuadrado en las áreas de influencia y a 12 euros en las zonas de cultivo, sin que haya especificado cómo abonará las viviendas que quedarán absorbidas por el complejo aeroportuario.

En el pleno de ayer estaban presentes una decena de los 64 propietarios afectados, que a la salida del Consistorio calificaron de «vergonzoso» el rechazo del PP a la moción progresista: «Es una vergüenza lo que han hecho; en el PP no se apoya a los vecinos, son la voz de su amo», dijo Josep Riera, que añadió que proyectos como ése deberían ser decididos desde Balears, «no desde allí [Madrid]».

En los planos oficiales del proyecto figuran 25 edificaciones de la zona que desaparecerán con la ampliación, mientras que los afectados consideran que habrá alrededor de treinta, 27 de ellas en la zona cercana a es Codolar y media docena más en las proximidades de Sant Jordi. La medida provocará graves problemas a decenas de familias que quedarán sin hogar y, probablemente, sin recursos para adquirir una vivienda digna en las Pitiüses.

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