La empresa Herbusa advirtió ayer al Consell de que lo tendrá difícil para hacerse con la propiedad de los terrenos donde está ubicado el actual vertedero de la isla, que legalmente se encuentra en situación de «clandestinidad», según el Plan Director Sectorial de Residuos. «Esta no es la típica situación en la que se puede plantear una expropiación como si fuera el trazado de una carretera o de una instalación de uso público», subrayó en rueda de prensa Antoni Ribas, director de Herbusa. El lunes, la presidenta del Consell, Pilar Costa, y la consellera de Medi Ambient, Fanny Tur, anunciaron que llevarán al próximo pleno de la institución el pliego de condiciones para sacar a concurso la gestión de los residuos en las Pitiüses, que incluye el acondicionamiento de Ca na Putxa.
Los terrenos del basurero deberán pasar previamente a ser de titularidad pública, para lo cual el Consell tiene dos posibilidades: comprarlos a Herbusa o, si no es posible llegar a un acuerdo, expropiarlos. Aunque ambas partes negocian desde hace meses, un abismo las separa de alcanzar un trato, tal como reconoció ayer Ribas, quien subrayó que en este asunto además de «traspasarse la titularidad de unos terrenos» a la Administración insular «hay otras implicaciones», como la «actividad» que allí se desarrolla. Una nota entregada a los medios resume el parecer de la empresa y las dificultades que planteará si finalmente se opta por la expropiación: «Somos conscientes de los efectos que tendría la falta de acuerdo con la Administración. No obstante, es lógico que ante un eventual traspaso de nuestra actividad a otra empresa competidora defendamos unas condiciones justas».
Según anunció, Herbusa participará en el concurso para la gestión de los residuos, que el Consell quiere adjudicar antes de fin de año, momento en que también quiere tener en sus manos la titularidad de Ca na Putxa. Lo que aún no tiene claro Herbusa es si acudirá sola o en compañía de otras sociedades interesadas que, mediante una unión temporal de empresas (UTE), puedan asumir los gastos de esa gestión. Cespa, Tirme y Herbusa han estado negociando esa posibilidad. La empresa no tomará la decisión sobre cómo participará en el concurso hasta que estudie en profundidad el pliego de condiciones. También admitió que pese a las mejoras introducidas en el vertedero éste «no presenta el estado que debía tener a estas fechas».
Esa situación ha sido denunciada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia europeo. Ribas repitió ayer lo que lleva diciendo desde hace años cada vez que se le pregunta por el estado del basurero: que Herbusa ha solicitado desde la década de los 80 que se lleve a cabo la adecuación de la instalación. Desde entonces se han acometido diversas mejoras, insuficientes, como la extracción y combustión de biogás y la captación de lixiviados. Por otra parte, añadió que si Herbusa dejara de gestionar el vertedero perderían sus empleos entre 60 y 80 trabajadores del centenar que hay en la actualidad en plantilla. «Si se le quita el vertedero "dijo Ribas", las otras patas de la mesa no pueden sostener la empresa».